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Origen de la Casa de los Gobernadores

Durante la Colonia, la Casa de los Gobernadores era conocida como “Casa del Rey”; todos los bienes públicos llevaban ese calificativo: así, los caminos, plazas, canteras, ganado, esclavos, embarcaciones, cabildos, cárceles y otros.

Margarita Durán Estragó
Por la “pobreza de la tierra”, debido a la ausencia de oro y plata, Asunción, madre de ciudades y centro de la Conquista del Río de la Plata, no contó por mucho tiempo con residencia para gobernadores; la primera de ellas fue el resultado de un despojo hecho a una viuda, a mediados del siglo XVII.

Por un desliz atribuido a Ricardo de Lafuente Machaín y repetido en cadena hasta el presente, se sostiene que originariamente la residencia de los gobernadores fue “Casa de Ejercicios Espirituales” de la Compañía de Jesús, luego de su expulsión (siglo XVIII). Rafael Eladio Velázquez, apoyado en la misma fuente, describió la Casa de los Gobernadores como “recién terminada y que ocupaba toda una manzana, rodeada de galerías de excelente construcción y espaciosos aposentos, ubicada en lo más céntrico de la ciudad”.

Documentos obrantes en el Archivo Nacional testimonian que los gobernadores del Paraguay, a falta de una residencia oficial, una vez llegados a la ciudad, residían en las mejores casas de vecinos a quienes se les “despojaba” de ellas a cambio de un alquiler. Así sucedió con doña Ana de Vera y Aragón, viuda del capitán Juan de Vera y Aragón, en cuya casa vivió el gobernador Gregorio de Hinestrosa (1641-1647). La propiedad se hallaba en la Plaza Mayor junto a la casa episcopal, seguida del Cabildo y, al costado del mismo, el Cuartel de Caballería (Cuartel de la Plaza).

Durante los años en que Hinestrosa ocupó el domicilio de doña Ana, aquel la mandó refaccionar. Al término de su gobierno, Diego de Escobar y Osorio, su sucesor, lo acusó en el “Juicio de Residencia” de haber hecho construcciones en la casa que habitaba “en contravención de cédulas reales”. Por tal motivo, en tiempos del gobernador Sebastián de León y Zárate (1650) llegó una Real Provisión que ordenó al oficial real Juan Delgado a tomar posesión de la misma para convertirla en Casa del Rey; los alquileres serían de 16 pesos de plata acuñada y comenzarían a correr desde el primero de diciembre de 1649.

La protesta de la viuda no se hizo esperar, ya que ella y sus hijos —decía la mujer— no tenían “por qué cargar con la culpa ajena”, la de Hinestrosa. Amenazó con acudir a la Audiencia de la Plata si no le devolvían la casa, que según ella, le había costado 3.000 pesos. Se lamentaba por haber entregado toda la documentación pertinente al gobernador Escobar y Osorio, quien murió repentinamente en 1649.

En sus inicios, aquella propiedad había pertenecido a Felipe de Cáceres y su mujer Magdalena de Espinoza (siglo XVI), quienes la dividieron luego entre sus hijas Guiomar de Ovalle y Cáceres, casada con Juan Cabrera y Mencia de Ovalle y Cáceres, unida al maestre de campo Francisco de Espínola. Este último dio licencia a su mujer para permutar la casa con otra cercana al sitio; el objetivo era convertirla en residencia del obispo Lorenzo Pérez del Grado, que estaba en camino a su sede (1618). La parte que correspondió a Guiomar de Ovalle quedó para sus herederos, entre ellos Juan Cabrera de Ovalle, quien en 1644 vendió a su tía Ana de Vera y Aragón. El parentesco político de la mujer con el vendedor provenía de los Añazco, ya que su cuñado, Gabriel de Vera y Aragón, estaba casado con Leonor Añazco, y Juan Cabrera de Ovalle se había casado con una de sus sobrinas, María de Añazco.

La casa episcopal subsistió junto al Cabildo hasta después de la Revolución de los Comuneros; se sabe que Antequera (1722) propuso trocarla con otra para dar amplitud a la cárcel y demás oficinas de Justicia que funcionaban en el Cabildo. En cuanto a la propiedad de doña Ana, documentos de 1646 ya la señalan como “casas reales”.

El procurador de la causa de Ana de Vera y Aragón fue Francisco Sánchez de Vera, tío de la mujer de José de Antequera y Castro: Micaela Cañete Sánchez de Vera y Aragón, hija esta de Bartolomé Sánchez de Vera y Aragón y de Rosa Cañete. Ante la decisión de la Corona real, Sánchez de Vera no pudo lograr justicia para la viuda y nunca más se habló de aquel pleito que con tanta vehemencia lo había iniciado doña Ana, años atrás.

Hurgando todavía más en los antecedentes de la Casa del Rey, encontramos en el testamento de Juan Cabrera (1625), que parte de aquella primera propiedad la había comprado su padre “en pública almoneda de los bienes que se vendieron del soto (matorral) de Pedro Dorantes, factor real llegado con Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1542).

Desde el momento en que la propiedad se agregó a la Corona, los oficiales reales tuvieron serios problemas para cobrar las rentas, tanto a los gobernadores como a los que no lo eran. Se conocen los nombres de los que la habitaron a partir de esa fecha, entre otros: el gobernador Cristóbal de Garay (1653-1656), Adrián Cornejo, gobernador eclesiástico de la provincia (1656-1663), Pedro de Rojas y Luna, oidor de la Audiencia de Buenos Aires y el capitán Martín de Orué y Zárate.

El gobernador Francisco de Monfort (1686) solicitó su reparo señalando que al habitar en ella pudo constatar la “total ruina que amenaza por las muchas goteras que no se han podido coger y corrupción de maderas y horcones del corredor y algunas tapias están por caerse…”. Monfort pidió que el maestro carpintero Blas Cabrera la inspeccionara y diera un informe al respecto. La obra comenzó en 1686 bajo la dirección de Antonio Rodríguez Cabral y la colaboración del citado carpintero. Dos años después, tras muchos tropiezos, la obra quedó concluida.

No todos los sucesores de Monfort ocuparon la Casa del Rey como residencia, se la utilizaba ante todo para guardar municiones y armas, mientras ellos seguían fastidiando a los vecinos de la ciudad, como en los viejos tiempos, al rentar sus casas en forma compulsiva.

Tan descuidada la tenían que en 1726, en plena Revolución Comunera, el gobernador Martín de Barúa manifestó al rey que Asunción carecía de una casa para gobernadores como lo había en otras partes. El deterioro de la misma fue creciendo hasta quedar definitivamente inutilizada a partir de 1742.

Cuando arribó a la ciudad el gobernador Agustín Fernando de Pinedo (1772), tomó en alquiler la residencia de doña Lorenza Delgadillo de Zavala, abuela de Petrona Zavala, la pretendida del Doctor Francia (Chile y Palma, actual Lido Bar).

Al conocer los trámites que se habían hecho en tiempos del gobernador Carlos Morphy (1766) para construir de nuevo aquella casa, con planos incluidos pero sin haberse obtenido resultado alguno, buscó los arbitrios necesarios para lograr el mismo objetivo, pero esta vez la propuesta apuntaba a la construcción de oficinas y depósitos de la Real Hacienda, pensando, sin decirlo, que también incluiría la Casa de los Gobernadores.

Fue entonces cuando Pinedo, con autorización real, se dispuso a buscar un sitio más amplio y retirado de las barrancas del río para emprender la obra. Para el efecto, en 1777, Martín José de Aramburu, oficial real y fiscal defensor de la Real Hacienda, se presentó en la plaza pública y mandó hacer sonar la caja de guerra por largo rato y se congregó mucha gente para escuchar el pregón a cargo de Luis, el pardo libre, que propuso la venta a “censo irredimible”  de la antigua Casa del Rey por no haber en propiedad dinero (610 pesos) “en yerba de buena calidad”. Como queda expresado, dicho sitio se hallaba contiguo al cuerpo de guardia de Caballería y se ofrecía con pensión de 5 % anual, y habiendo procedido varias pujas entre Antonio Ramos de la Vega, Eusebio Mayada y Juan de Laguardia, fue mejorada por este último hasta 1.605 pesos; se pregonó hasta ponerse el sol y no habiendo quien lo levantara, quedó rematado a Laguardia, que era capitán de Dragones. Este manifestó en el mismo acto que poseía una circa en la misma plaza hacia la orilla del río a censo irredimible por 802 y 1/2 arrobas de yerba, pero como el terreno se iba menoscabando con la zanja que había formado el río, y también por aguas que caían de los suburbios, manifestó no poder edificar allí, razón por la cual cedió sus derechos a Alejandro García Diez con la extensión del remate. Cabe destacar que este señor vivía en la actual plaza Constitución (frente a la Comandancia de la Policía Nacional). Fue así como la propiedad de la viuda, agregada a la Real Hacienda, pasó a manos de García Diez, en 1777.

El terreno vacío elegido por Pinedo en la misma plaza perteneció a la Compañía de Jesús, que tras su expulsión “como no tenía dueño legítimo decidió tomarlo a censo irredimible con 5 % anual y así lo aprobó la Junta Provincial de Buenos Aires; como la Real Hacienda quedó gravada se pensó venderla a censo irredimible de su sitio propio, de modo que en los réditos de uno se pagase la de aquel, vendida a Laguardia el 24 de abril de 1777”.

Se propuso efectivizar la permuta sitio por sitio, sin atención a la diferencia de capitales, aunque al parecer, el sitio de Laguardia era mayor que el que ocupaba las nuevas casas reales. En ese tiempo, el predio donde se construyó la nueva Casa de los Gobernadores pertenecía al Colegio Seminario de San Carlos. García Diez salió al paso diciendo que se respetasen sus derechos, pues el trato lo había hecho con Laguardia. Luego de consultar con el Cabildo Eclesiástico, Juan Baltasar de Casajús, director del Colegio Seminario, aceptó la permuta de sitio por sitio, siempre que García pagase al Colegio 800 pesos de plata (1801).

García aceptó la propuesta con la condición de que se le entregase libre de gravámenes todo el terreno “desembarazando la culata inmediata a la Guardia de Caballería que se hallaba dentro de su terreno por pura condescendencia de Laguardia a fin de poder edificar “ya que ese retazo —señala— es el más apropiado, pues el río y agua han desembarrancado gran parte del terreno”.

La nueva Casa de los Gobernadores, iniciada por Pinedo y continuada por Pedro Melo de Portugal (1778), ya fue habitada por Joaquín Alós y Brú en 1790, aunque Lázaro de Ribera todavía tenía problemas con la construcción en 1805.

Juan Francisco Aguirre, al referirse a dicha edificación, apoyó la gestión de Pinedo señalando que “si no fuera por sus travesuras —las de proponer al rey la construcción de oficinas y depósitos de municiones, antes que casa de gobierno— nada habrían adelantado los gobernadores”.

Retomando el historial de la Casa del Rey, podemos concluir anotando que por disposición del Real Colegio Seminario de San Carlos (1801) se procedió a la mensura de ambos sitios:

En primer lugar se midió la propiedad adquirida por Alejandro García Diez; para el efecto se tomó una liña desde el horcón de la guardia de Caballería hasta la calle real que viene de la Catedral y entra en la plaza, dejando 12 varas (v: 86,6 cm) de latitud para la calle (actual Independencia Nacional) hasta las casas de Caballero (padre de Pedro Juan Caballero: actual Universidad Católica); los tasadores le dieron 35 varas de frente.

El predio de la nueva Casa de los Gobernadores medía sobre la plaza, con vista al norte, 65 varas, al noroeste 63 y al noreste 60 varas, “el contrafrente se omitió por la fragosidad del suelo y lo desigual del piso, pero se creía que contaba con igual dimensión que el frente.

Resultó ser que el nuevo sitio de la Casa de los Gobernadores era mejor y de mayor extensión que la del rey por estar aquel entre cuatro calles con su frente al norte; además estaba libre de zanjas; con esos resultados quedó demostrado que la permuta sitio por sitio favoreció al rey.

Los trámites burocráticos impidieron a García Diez iniciar la obra proyectada, por lo que ofreció desprenderse de seis varas al costado del cuartel para construir un lance de casas de dos aguas “con mayor comodidad y conveniencia de los soldados, aprovechando los materiales del cupial con tal de que para esta obra se le franquearan cuatro indígenas del Ramo de Guerra y los demás materiales que faltasen, siendo de su cuenta el jornal del maestro y la manutención. Recién en 1804 llegó la aprobación real de la permuta y García Diez pudo edificar en el sitio adquirido en 1777.

Según declaraciones de Antonio Recalde, cuñado de García Diez, la casa de junto al río fue construida durante la sociedad de García Diez y Juan Pérez “socios comerciales en la compañía de suelas”. La terminación de aquella obra coincidió con la inminente demolición del Cabildo; Francia ordenó el desalojo de la nueva casa de García Diez para que sirviera de Archivo de la ciudad y Sala de Sesiones del Ayuntamiento (1816-1822). Una vez inaugurado el Cabildo y sin dar explicación al dueño de casa, la mandó reformar para depositar en ella la yerba de la ciudad (1823).

A la muerte de Juan Pérez, fallecido en 1829, el Doctor Francia ordenó la partición de bienes entre ambos. Aquel había donado en vida a uno de los hijos de Alejandro, 2.000 pesos, pero Francia mandó que dicha suma pasara al Estado por haber fallecido aquel, sin descendencia alguna; en cuanto a la casa de García Diez , la adjudicó a la Tesorería del Estado, aduciendo que con la muerte de Pérez, la sociedad quedaba cancelada.

Cuando Alejandro García Diez, casado con Joaquina Machaín, falleció en 1837 sin dejar testamento, el Doctor Francia, por considerarlo bien público, no reconoció como herencia de la viuda y sus once hijos, la obra edificada en el sitio que fuera Casa del Rey.

Aunque en circunstancias y tiempos diferentes, dos viudas y sus hijos fueron desalojados del mismo sitio histórico: la primera, Ana de Vera y Aragón, por parte de la Real Hacienda en 1650, y la segunda, Joaquina Machaín, en beneficio de la Tesorería del Estado en 1837.

1-En ese tiempo no se daba la venta pura y simple, porque no había capital para pagar y la enfiteusis estaba desacreditada debido a que el ocupante no realizaba mejoras por no ser suyas; por eso se eligió el sistema de “censo irredimible”. El mismo no exigía inversión inmediata de capital, amparaba al comprador de toda alteración de la posesión y en la propiedad de la tierra y aseguraba al fisco una renta anual fija, al mismo tiempo que facilitaba la realización de mejoras. El ocupante debía pagar al fisco el 5 % del valor de la tierra. Al cabo de ocho años de enfiteusis contados desde la toma de posesión del lote podía comprar a “censo irredimible”. El precio lo fijaba la ley en dos partes y media del valor de la tierra.

 

Foto: Colección Javier Yubi – Fuente: ABC Color

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